La Plataforma de la Organización de Mediadores e Informadores de Consumo (OMICSunidas), que representa a empleados públicos pertenecientes a las distintas Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) a nivel nacional, celebra este seis de febrero su primer aniversario. La Plataforma nació gracias al impulso de las Asociaciones de Técnicos de Consumo de Andalucía (ASTECAN) y de Castilla-La Mancha, como reacción al Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que eliminaba la defensa de consumidores y usuarios de la esfera de competencias propias de los Municipios. Desde entonces, la Plataforma ha manifestado su malestar ante esta reforma y, un año después, con la ley ya aprobada, sigue luchando por el mantenimiento de las OMIC, ya que considera que es el mecanismo más eficaz de protección de los consumidores.
Aunque en los primeros borradores de la reforma se mantenía la defensa de consumidores y usuarios como competencia propia de los Ayuntamientos, esta materia desapareció del anteproyecto de ley sin explicar los motivos de esta supresión, sin contar con la participación de los técnicos de consumo y sin aclarar cómo se asumirían dichas competencias por las Comunidades Autónomas ni qué salida se iba a dar a los expedientes que están tramitando las OMIC.
Durante su primer año de vida, la Plataforma OMICSunidas ha puesto en marcha diversas iniciativas con el fin de que se garantice la pervivencia de unos servicios que ofrecen a los consumidores cauces eficaces para defenderse contra los abusos de las empresas. En concreto, la Plataforma y sus miembros se han dirigido a los Presidentes de las Federaciones de Municipios y Provincias; a los Directores Generales de Consumo de todas las Comunidades Autónomas; a la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato; y al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, sin obtener de ellos ninguna respuesta oficial en relación a la retirada de estas competencias a los Ayuntamientos, a pesar de que varios alcaldes y responsables políticos de las Comunidades Autónomas han manifestado públicamente su interés en seguir prestando este servicio a sus ciudadanos y han aprobado diversas mociones en los plenos municipales para evitar el desmantelamiento de las OMIC en sus respetivas localidades.
Ante la falta de respuesta oficial, la Plataforma remitió a todos los partidos políticos representados en el Congreso y el Senado una propuesta de enmienda a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para que volviera a incluirse la competencia de consumo entre las propias de los Municipios. A pesar de que varios partidos presentaron enmiendas en este sentido, ninguna de ellas se incorporó al texto de la ley.
Tras la entrada en vigor de la reforma, los técnicos de las OMIC siguen sin recibir instrucciones sobre cómo proceder ahora que los Ayuntamientos no tienen competencia en materia de consumo, por lo que la última acción de la Plataforma se ha centrado en solicitar a los Directores Generales de Consumo de las distintas Comunidades Autónomas un pronunciamiento sobre las medidas que van a adoptar en relación con estas oficinas.
Actualmente, alrededor de mil OMIC asesoran de forma gratuita a los consumidores y usuarios sobre sus derechos, ayudándoles a resolver sus conflictos con todo tipo de empresas (telecomunicaciones, electricidad, banca, seguros, inmobiliarias…) y la Plataforma considera que su desaparición desvirtuaría el mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a garantizar “la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”, por lo que una vez más los ciudadanos volverían a pagar los platos rotos de la crisis, cuando precisamente la actual situación económica ha provocado un aumento en la demanda de estos servicios.
Por todo ello, en su primer aniversario, la Plataforma OMICSunidas solicita una vez más que se garantice el mandato constitucional de protección de los consumidores, adoptando medidas que eviten el desmantelamiento de las OMIC y articulando procedimientos que den respuesta a los ciudadanos en el caso de que se supriman estas oficinas, consolidadas como uno de los servicios públicos más utilizados y mejor valorados. También pide que, si finalmente se cierran las OMIC, se dé una solución a la situación laboral de los empleados públicos que prestan sus servicios en ellas y, sobre todo, que se resuelvan los miles de expedientes que están tramitando actualmente.
Los técnicos de consumo, acostumbrados a luchar día a día para proteger los derechos de los consumidores, no se resignan a que los logros de más de treinta años de trabajo se diluyan y desaparezcan simplemente borrando de la ley las palabras “defensa de usuarios y consumidores” y, desde la Plataforma, anuncian que redoblarán sus esfuerzos para conseguir que les permitan continuar su lucha diaria contra los abusos de las empresas.
